La jueza de Nueva York Loretta Preska volvió a fallar a favor de los fondos especulativos a los que benefició con un fallo que obliga a la República Argentina a pagarles USD 16.100 millones. Es vinculado al millonario litigio por la nacionalización en 2012 de la petrolera YPF. La magistrada rechazó no hacer lugar a una solicitud presentada por nuestro país y solicitó que el gobierno nacional presente en el contexto del juicio un listado completo de todos los activos del país en el exterior, incluso los estratégicos de defensa.
Loretta Preska pidió listado de activos de Argentina
La controvertida magistrada ya había dispuesto que la Argentina le informe cuáles son sus bienes en el extranjero.
Pero la defensa argentina se negó, argumentando que tenía que hacer una lista específica.
El gobierno argentino solicitó diferenciar bienes “comerciales“ de aquellos estratégicos, como los que se utilizan en Defensa.
La Argentina solicitó limitar los requerimientos de Discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables.
Por eso, le pidió a Preska que reconsidere el caso, para delimitar la información que debía entregar.
Pero, lejos de dar lugar a ese pedido, Preska le ordenó ahora a la Argentina que haga exactamente lo contrario: informar todos sus activos, tengan el origen que sea.
Preska dijo que, luego de recibir esa información, ella decidirá cuáles son los activos potencialmente “embargables“ y cuáles podrían estar exentos de cumplir con obligaciones comerciales.
Últimas novedades de la causa YPF
La Argentina había ganado una apelación en el Segundo Circuito de los tribunales de Manhattan, que le permitió no entregar ahora el 51% de las acciones de YPF, otra de las órdenes de Preska.
Pero la magistrada reaccionó rápido y, unos días después, ratificó que la Argentina debe entregarle comunicaciones y chats de los ministros de Economía del país, siempre relacionados con el juicio que los fondos buitres Burford y Eton Park mantienen contra la República.
Apelaciones
En el marco de esta causa, la Argentina tiene otras dos apelaciones pendientes:
- Contra el fallo en si mismo, que ordena al país a pagar u$s 16.100 millones a dos fondos, por incumplimientos en el estatuto de YPF cuando se expropió la compañía, en 2012.
- La otra es contra la orden de entregar el 51% de las acciones de la compañía por no haber cumplido el fallo anterior.
