Injusticia y desamparo: El fallo por el caso Horus deja en evidencia las deudas de la Justicia con el derecho animal

El reciente veredicto dictado por la jueza Verónica Rodríguez en los tribunales de Roca encendió las alarmas de la comunidad y de los colectivos proteccionistas. Al absolver a Omar Sáez por la muerte de Horus —el perro que perdió la vida tras recibir dos disparos de carabina calibre .22—, el sistema judicial rionegrino optó por una salida técnico-formal que esquiva el fondo de la cuestión: los animales siguen siendo tratados como objetos descartables ante la ley.

Para la familia de Horus, el fallo representa un golpe devastador. Las pruebas y los testimonios presentados por el fiscal Marcelo Ramos y la querella apuntaban a una conducta deliberada. Utilizar un arma de fuego de alto poder destructivo en la vía pública para resolver una trifulca callejera excede cualquier noción de «intento de separación». Sin embargo, la balanza de la justicia volvió a inclinarse a favor del agresor bajo el amparo del beneficio de la duda, validando un relato defensivo difícil de sostener cuando el resultado final fue el sufrimiento extremo y la muerte de un ser sintiente.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de una reforma de fondo. La legislación vigente en Argentina en materia de maltrato animal continúa penalizando estos actos con escalas que facilitan la impunidad. Cuando los magistrados exigen niveles extremos de probanza para determinar la «intención de hacer sufrir», terminan ignorando que el acto mismo de disparar dos veces contra el cuerpo de un animal ya lleva implícita la crueldad.

Mientras la sociedad avanza hacia el reconocimiento de los animales como miembros de las familias pluriespecie y sujetos de derecho, los tribunales locales parecen atrapados en una lógica de desapego. La muerte de Horus en el barrio Stefenelli no fue un accidente doméstico; fue un acto de violencia que dejó una herida abierta en sus dueños y un peligroso precedente de impunidad en la región.

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